A finales de octubre de 2026 entró en vigor una orden ministerial (Orden TED/1122/2026, de 23 de octubre) que aprueba la implantación de contadores inteligentes en la red de gas natural y fija las especificaciones mínimas que deben cumplir esos equipos. En la práctica, esto significa que en los próximos años millones de puntos de suministro verán sustituido su contador por otro con capacidad de telemedida, igual que ocurrió en su día con la electricidad.
Para una comunidad de propietarios esto no es una noticia abstracta: los contadores suelen estar en un recinto común, los operarios necesitan acceso al edificio y, a veces, a viviendas concretas, y siempre aparece la misma pregunta en la junta: ¿esto lo pagamos nosotros? Vamos por partes.
Quién es responsable del contador y quién paga el cambio
El equipo de medida del gas normalmente no es propiedad del cliente ni de la comunidad: pertenece a la empresa distribuidora de la zona, que lo cede mediante un alquiler que aparece en la factura. La sustitución del contador forma parte, por tanto, de la actividad regulada de la distribuidora y se ejecuta según su planificación.
Como criterio general, el cambio de un contador por obligación normativa no debería traducirse en un cargo singular al usuario distinto del alquiler habitual del equipo. Dicho esto, conviene revisar las facturas posteriores a la sustitución y pedir explicación por escrito de cualquier concepto nuevo. Si lo que la distribuidora exige es una adecuación de la instalación común (ampliar el armario, mejorar la ventilación del recinto, reubicar la batería de contadores), eso sí puede recaer sobre la comunidad y debe tratarse en junta.
El cuarto de contadores es elemento común: obligaciones de la comunidad
El libro quinto del Codi civil de Catalunya impone a la comunidad el deber de conservar y mantener en condiciones los elementos comunes, entre ellos los recintos e instalaciones generales del edificio. Si al ir a sustituir los equipos la distribuidora detecta que el armario o el cuarto no cumple condiciones (humedades, falta de ventilación, cerradura inadecuada, cableado desordenado, uso como trastero), la comunidad tendrá que adecuarlo.
Recomendamos anticiparse con una revisión sencilla antes de que llegue el aviso:
- Que el recinto esté libre de objetos y sea accesible sin obstáculos.
- Que exista una llave disponible y controlada, y que se sepa quién la custodia.
- Que la ventilación y la señalización sean las exigidas.
- Que la numeración de los contadores se corresponda realmente con las viviendas y locales (es una fuente clásica de errores de facturación).
¿Hace falta acuerdo de junta?
Depende de qué se esté decidiendo. El libro quinto distingue entre las obras necesarias o impuestas por la normativa y las obras de mejora. Las primeras pueden y deben ejecutarse para mantener el edificio en condiciones de uso y seguridad, y su coste se asume como gasto común; las segundas requieren el acuerdo de la junta con la mayoría que corresponda según su naturaleza y coste.
Nuestra recomendación práctica es llevarlo igualmente a la junta, aunque se trate de una actuación obligada: informar del calendario de la distribuidora, aprobar en su caso el presupuesto de adecuación del recinto y dejar constancia en el acta. Un acuerdo bien redactado evita discusiones posteriores sobre quién autorizó la obra y con qué alcance.
Si la actuación no cabe en el presupuesto ordinario, habrá que aprobar una derrama, fijando importe, plazos y fecha de devengo. Recuerde que, como regla, responde del gasto quien es propietario en el momento en que se adopta el acuerdo o se devenga la cuota, con independencia de que el piso se venda después.
Reparto del gasto cuando no todos tienen gas
El reparto por defecto de los gastos comunes es la cuota de participación, salvo que los estatutos o un acuerdo válido establezcan otra cosa. Ahora bien, en muchos edificios la instalación de gas no llega a todas las entidades: hay locales sin suministro, viviendas que optaron por otro sistema o plantas que nunca se conectaron.
En esos casos tiene sentido valorar un reparto entre los propietarios usuarios del servicio, pero no es algo que pueda improvisarse: hay que comprobar qué dicen los estatutos, si existe un acuerdo anterior sobre esa instalación y si el gasto se refiere a un elemento común general o a un elemento comunitario de uso limitado. Antes de convocar la junta, conviene revisar la documentación del edificio.
Accesos, inquilinos y protección de datos
Cuando el contador está dentro de la vivienda, el titular del suministro debe facilitar el acceso al personal de la distribuidora. Si la vivienda está alquilada, la comunicación suele dirigirse al titular del contrato de suministro —habitualmente el inquilino—, pero conviene que la propiedad esté informada, sobre todo si la actuación exige tocar la instalación interior. Para las viviendas vacías o de propietarios no residentes, es útil que la comunidad recoja con antelación teléfonos de contacto.
Dos avisos finales. Primero, seguridad: cualquier operario debe identificarse y figurar en el calendario comunicado; ante la duda, conviene llamar a la distribuidora antes de abrir. Segundo, datos: la telelectura genera información de consumo que es un dato personal del titular del suministro y la trata la distribuidora o la comercializadora. La comunidad no debe recabar ni difundir consumos individuales de los vecinos.
En Bufet Prieto llevamos la administración de comunidades desde 1983 y acompañamos a las juntas en este tipo de actuaciones: revisión de estatutos y cuotas, redacción del orden del día y de los acuerdos, aprobación de derramas y coordinación con las compañías suministradoras. Si en su edificio ya han recibido el aviso de sustitución de contadores o tienen dudas sobre el reparto del gasto, escríbanos o pida cita en nuestras oficinas de Granollers o Mataró y lo analizamos con la documentación en la mano.
Borrador elaborado con ayuda de inteligencia artificial y revisado y aprobado por un abogado del despacho antes de su publicación. Contenido divulgativo: no constituye asesoramiento jurídico. Más información en el aviso legal.