Hace unos días publicamos un artículo largo sobre la Sareb, con sus cuentas, sus informes y sus cifras. Muchos lectores nos han pedido dos cosas: que lo contemos en llano, sin tecnicismos, y que digamos quién se ha beneficiado. Esto es lo primero. Para lo segundo hemos hecho una investigación con una regla estricta: solo cuentan los hechos que constan en documentos oficiales o en prensa seria, con nombre, cargo y fecha. Lo que no hemos podido acreditar lo decimos también.
La Sareb en cinco frases
En 2012 varias cajas de ahorros quebraron con el ladrillo. El Estado creó una sociedad, la Sareb, para quedarse con sus pisos y sus créditos a promotores: 200.000 activos que se pagaron con 50.781 millones de euros en bonos avalados por el Estado. Se diseñó con un 55 % de capital privado (bancos y aseguradoras) para que esa deuda no contara como deuda pública, y se nos dijo que sería rentable y que «no costaría ni un euro al contribuyente». Catorce años después ha perdido dinero todos los años, debe todavía 27.790 millones, el Estado tuvo que asumirla en sus cuentas en 2021 y reconoce que no podrá devolver esa deuda cuando se disuelva, en noviembre de 2027. Los pisos y créditos se pagaron por mucho más de lo que valían, y cada venta posterior ha ido aflorando la diferencia.
Lo que cobraron quienes la dirigían
Es lo que más indigna y conviene decirlo con exactitud. Mientras la Sareb estuvo en manos mayoritariamente privadas (hasta 2022) el tope legal para quien recibía ayudas públicas era de 500.000 euros fijos más variable. El presidente ejecutivo cobró, según los informes de remuneraciones de la propia Sareb, 441.000 euros en 2015, 463.792 en 2016, 475.500 en 2017, 468.000 en 2018, 410.000 en 2019 y 375.375 en 2020. La primera presidenta había cobrado 295.000 en 2013, tras renunciar a parte del fijo y al variable. Desde que el Estado tomó el control (2022) rige el régimen del sector público: en 2023, 226.857 euros el consejero delegado, 140.000 el presidente no ejecutivo y 432.500 los consejeros externos entre todos. Un periódico (infoLibre) calculó que la cúpula sumó 36,5 millones en sueldos entre 2012 y 2020; la cifra es suya, no de la Sareb. Son sueldos de gran empresa pagados, en la práctica, con dinero garantizado por todos, en una sociedad que perdía dinero cada año. Legalmente, eran retribuciones aprobadas por sus accionistas dentro del tope; políticamente, es difícil defenderlas.
Los gestores: quiénes son y quién está detrás
La Sareb nunca ha gestionado sus pisos. Los encarga a empresas de gestión (los servicers). En 2014 repartió toda su cartera entre cuatro, con contratos de cinco a siete años, y les exigió una garantía conjunta de 600 millones. Quién era cada uno y de quién es hoy:
- Haya Real Estate. Era la plataforma inmobiliaria de Bankia; el fondo estadounidense Cerberus la compró en 2013 por 90 millones. Recibió de la Sareb la gestión de 52.000 préstamos de Bankia (unos 18.000 millones). Cerberus intentó sacarla a bolsa en 2018 por 1.200 millones y no lo consiguió; cuando perdió el contrato de la Sareb en 2022 despidió a 185 personas y en 2023 la vendió a la sueca Intrum por 140 millones. En su consejo estuvo, de 2013 a octubre de 2023, José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno, a través de su sociedad de asesoramiento a Cerberus; la presidió seis años Juan Hoyos, amigo de infancia de Aznar. Lo primero lo publicaron El Español y eldiario.es; lo segundo, eldiario.es. Ninguno de los dos ha ocupado cargo público.
- Altamira. Era la inmobiliaria del Santander; el fondo Apollo compró el 85 % en 2014 por 664 millones. Gestionó para la Sareb 44.000 activos de Catalunya Caixa, BMN y Caja3 (unos 14.000 millones). En 2019 Apollo la vendió a la italiana doValue por 360 millones. Mientras Altamira trabajaba para la Sareb, el Santander tenía un consejero en la Sareb, Remigio Iglesias, que era a la vez consejero de Altamira; la propia Sareb aplicó su política de conflictos de interés 24 veces en 2013.
- Servihabitat. Era la de CaixaBank, que vendió el 51 % al fondo TPG en 2013 y lo recompró en 2018; después pasó al fondo Lone Star y en agosto de 2026 la ha comprado Pollen Street (dueña también de Hipoges). Gestionó 30.300 activos de Novagalicia, Liberbank y Banco de Valencia. En 2026 ha vuelto a ganar un contrato de la Sareb.
- Solvia. Era la del Sabadell, que la vendió a Intrum en 2019 por 241 millones. Gestionó 42.900 activos, en su mayoría inmuebles de Bankia.
- Desde 2022, Hipoges (del fondo KKR, hoy de Pollen Street) y Anticipa-Aliseda (de Blackstone) se repartieron 25.300 millones en activos. Aliseda conserva su parte en 2026, y Hipoges ha recurrido la adjudicación de la otra, con lo que el traspaso de pisos a Casa 47 está en suspenso.
¿Cuánto cobraron? Según los informes anuales de la Sareb, cerca de 2.000 millones de euros en comisiones entre 2013 y 2022, con un máximo de 243 millones en 2017. Fueron contratos en los que el gestor cobraba sobre todo por administrar la cartera, no por venderla; según la prensa económica, el cambio de modelo de 2022 buscaba un ahorro del 20 % en esas comisiones. Un dato dice más que muchos: cuando Haya perdió a la Sareb, su valor pasó de los 1.200 millones que pedía Cerberus a los 140 que pagó Intrum. El contrato con la Sareb era el negocio.
Las puertas giratorias, con nombre y fecha
Esto es lo que está documentado, y solo esto:
- Jaime Echegoyen, presidente de la Sareb de 2015 a 2021, se incorporó en julio de 2022 al consejo de la matriz de Haya (Cerberus), el mayor gestor de la Sareb durante su mandato. Falleció en diciembre de ese año.
- Álvaro Areal, director adjunto de la Sareb durante nueve años y uno de los responsables del concurso de 2022 que adjudicó la gestión a Anticipa-Aliseda e Hipoges, fichó en febrero de 2023 por Aliseda (Blackstone), una de las adjudicatarias.
- Ana Aránguez, directora de gestión de cartera y «número dos» del presidente, dejó la Sareb en 2022 y en noviembre de 2023 era directora financiera de Intrum España, que acababa de comprar Haya.
- Javier García del Río hizo el camino inverso y de vuelta: director general de Solvia (gestor de la Sareb) de 2014 a 2019, consejero delegado y presidente de la Sareb de 2020 a 2022, y desde 2023 director general de Sogeviso, del Banco Sabadell (accionista de la Sareb).
- Belén Romana, primera presidenta (2012-2015), fue nombrada consejera del Banco Santander, primer accionista privado de la Sareb, once meses después de dejarla.
- Y los nombramientos cruzados ya citados: el consejero del Santander en la Sareb que era consejero de Altamira; Aznar Botella en el consejo de Haya mientras Haya gestionaba la mayor cartera.
Nada de esto es ilegal: los directivos de la Sareb no eran altos cargos de la Administración, y la ley de incompatibilidades no les alcanzaba. Pero una sociedad que compraba con dinero público avalado y vendía a fondos a precios que no publica tenía a sus directivos entrando y saliendo de esos mismos fondos y gestores. Las normas que lo impidan todavía no existen.
Lo que no hemos podido acreditar, y por tanto no afirmamos: que ningún ministro o alto cargo del Banco de España o del FROB haya pasado a un fondo comprador de la Sareb (los que hemos comprobado fueron al BCE, al Banco de Pagos Internacionales, a la patronal bancaria o a la universidad); que Cerberus u otros fondos hayan donado a partidos; ni ninguna de las cifras de «comisiones» que circulan en redes sin fuente.
Quién compró las carteras, y a qué precio
La Sareb ha vendido préstamos y pisos por paquetes a los grandes fondos: Blackstone, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Hayfin, Cerberus, H.I.G., Bain, Oaktree y, en los últimos años, la noruega Axactor, que se ha llevado cinco carteras de créditos sin garantía por unos 9.700 millones nominales. En casi ninguna de esas ventas se ha publicado el precio. Sabemos el nominal (lo que se debía) y no lo que pagó el comprador; cuando se ha filtrado, la relación es de céntimos por euro. Un dato de las propias cuentas de 2023 da la medida: la venta a inversores de una cartera con un valor en libros de 141 millones ingresó 4. En total, de los 50.781 millones pagados por los activos, la Sareb había ingresado por ventas 19.369 millones a cierre de 2024.
Lo que nadie ha investigado
- El Tribunal de Cuentas nunca ha fiscalizado directamente a la Sareb. Sus dos informes sobre el rescate (2016 y 2023) la examinan «a través del FROB» y no mencionan ni una vez a Haya, Altamira, Servihabitat o Solvia, ni las comisiones. La primera fiscalización propia está en su programa desde 2025 y aún no se ha publicado.
- El Congreso aprobó en 2018, en su comisión de investigación sobre la crisis, «realizar una auditoría completa de las operaciones y cuentas de la Sareb». No se ha hecho.
- No consta ninguna querella admitida, investigación de la Fiscalía ni sanción de Competencia contra la Sareb ni contra sus gestores. Una plataforma de afectados denunció en 2022 ante la Fiscalía Europea compras sobrevaloradas y ventas con descuento; no hay respuesta conocida. La única sanción firme es de Protección de Datos: 180.000 euros por una brecha en un proveedor informático.
- Una organización de transparencia (Civio) lleva desde 2023 litigando para que la Sareb diga a quién y por cuánto vendió 9.440 viviendas protegidas. La Sareb se niega.
¿Hay algo más detrás? Nuestra respuesta como abogados
No lo sabemos, y esa es exactamente la cuestión: en catorce años nadie con potestad para averiguarlo lo ha hecho. No consta ninguna investigación, y nosotros no afirmamos lo que ningún documento sostiene. Lo que sí está documentado es otra cosa, y no es menor: un precio de compra inflado que el propio supervisor tuvo que corregir tres años después; un diseño pensado para esconder 50.000 millones de deuda; un seguro de tipos de interés que costó 3.500 millones; casi 2.000 millones en comisiones a gestores propiedad de fondos; ventas a esos mismos fondos a precios secretos; directivos que pasaron a trabajar para los fondos y los gestores con los que habían contratado; sueldos de medio millón en una empresa en pérdidas; y catorce años sin que el Tribunal de Cuentas mirara dentro. Cada pieza por separado puede ser legal. El conjunto es una transferencia de dinero público a manos privadas que nadie decidió abiertamente y de la que nadie ha respondido. Si todo ello se explica por las circunstancias, por decisiones equivocadas o por algo más, únicamente puede decirlo quien tiene el deber de investigarlo; y la pregunta, hasta hoy, no se ha hecho.
Lo que cabe exigir, y lo que exigimos, es concreto: que el Tribunal de Cuentas publique su fiscalización antes de que la Sareb se liquide en 2027, con los contratos de gestión y las ventas de carteras incluidos; que se publiquen los precios de venta de cada cartera y de las viviendas protegidas; que se haga la auditoría que el Congreso aprobó en 2018; y que la ley de incompatibilidades alcance a quienes dirigen sociedades que viven del aval del Estado. No pedimos culpables: pedimos que alguien, por fin, mire.
Fuentes principales
- Sareb: informes anuales 2013-2024, informes anuales sobre remuneraciones de los consejeros 2014-2020 y 2023, notas de prensa sobre los contratos de gestión (03/11/2014, 04/12/2014, 31/10/2019, 12/04/2022, 20/03, 29/05 y 26/06/2026) y sobre las ventas de carteras; normas de comercialización de 23/07/2026.
- Tribunal de Cuentas: informes 1.190 (2016) y 1.513 (2023) y programa de fiscalizaciones 2025; Congreso de los Diputados, dictamen de la comisión de investigación sobre la crisis financiera (BOCG serie D n.º 481) y comparecencia del presidente de la Sareb (DSCD-12-CI-43, 05/04/2018); CNMC, expedientes C/1019/19 (Intrum/Solvia) y C/1404/23 (Intrum/Haya); AEPD, resolución PS/00313/2025; Banco de España, nota de 31/03/2021 (reclasificación); RDL 1/2022.
- Compraventas de los gestores y trayectorias profesionales: El Economista (01/2014, 12/2019, 11/2023), El Español (12/2018, 04/2019, 08/2017, 02/2020), MarketScreener (06/2019, 09/2023), EjePrime (06/2018, 11/2023), idealista/news (02/2023, 12/2024, 11/2025), Público (18/07/2022, 09/02/2023), eldiario.es (11/05/2014, 01/01/2024), Forbes (11/2023), Bolsamanía/Europa Press (12/2015), Vozpópuli (11/08/2026), infoLibre (31/01/2022), Civio (14/01/2025), El Salto (10/05/2022).
Borrador elaborado con ayuda de inteligencia artificial y revisado y aprobado por un abogado del despacho antes de su publicación. Contenido divulgativo: no constituye asesoramiento jurídico. Más información en el aviso legal.